6.1. LA PANDEMIA COVID–19 Y LA VIVIENDA ADECUADA

A principios de diciembre de 2019, se identificaron los primeros casos de una neumonía de origen desconocido en Wuhan, la capital de la provincia de Hubei, en China67. A finales de enero del año 2020, se reportaron cerca de 80 mil casos de COVID-19 y 2.800 muertes en toda China, identificándose los primeros casos en Alemania, Italia y España, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de SARS-COV-2 como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII). Entre el 2 y el 10 de marzo, se pasó de 88.913 a 113.672 casos confirmados distribuidos en más de 100 países. La rápida expansión del virus por países de los continentes de: Asia, Europa, África, América y Oceanía hizo que la OMS declare la pandemia global el 11 de marzo de 202068.

El 10 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso positivo de COVID-19 en Bolivia69 y el 19 del mismo mes se ratificó el primer caso positivo en el municipio de La Paz70. Las primeras medidas sanitarias en Bolivia se anunciaron el 12 de marzo, cuando se estableció Declaratoria de Estado de emergencia sanitaria por COVID-19. Días después, se estableció una de las cuarentenas más rígidas de la región, con suspensión de todas las actividades públicas y privadas, interrupción de todo tipo de transporte y circulación de las personas restringida a un día por semana según número de identificación. Los centros de abastecimiento de alimentos atendieron sólo por las mañanas y se autorizó únicamente la movilidad fuera de su barrio a personas que necesiten atención médica.

Se estima que esta pandemia podría durar hasta dos años71 y se habla ya de una “nueva normalidad”72, es decir que la sociedad debe aprender a convivir con el virus y seguir realizando sus actividades bajo una relativa normalidad, siempre cumpliendo con medidas de seguridad que eviten la propagación del virus.

Bajo este nuevo contexto, para prevenir la transmisión de COVID–19, la Organización Mundial de la Salud recomendó medidas preventivas como el distanciamiento físico, el lavado frecuente de las manos, el aislamiento de las personas, donde la vivienda se convierte en un elemento fundamental para combatir esta pandemia, donde las recomendaciones mencionadas dependen de que las personas se queden en sus hogares para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Es así, que los gobiernos nacionales, regionales y locales deben desarrollar políticas públicas para evitar que cualquier persona se quede sin hogar y garantizar el acceso a una vivienda adecuada para quienes no la tienen. Sin una vivienda adecuada, es imposible llevar a cabo el distanciamiento social y las buenas prácticas de higiene lo que aumenta el riesgo de contraer esta enfermedad. Como apunta Leilani Farha, relatora especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada “la vivienda se ha convertido en defensa de primera línea contra el coronavirus. La vivienda nunca había sido tanto como en este momento una condición de vida o muerte”73.

Es así, que las medidas de control de COVID-19 en las ciudades han puesto en evidencia problemas estructurales en las viviendas y que afectan a los elementos de la vivienda adecuada. A continuación, se detalla la vulnerabilidad al coronavirus (COVID–19) por el incumplimiento de los componentes de la vivienda adecuada:

Seguridad de la tenencia: El contexto de COVID-19 fortalece la noción de que seguridad de la tenencia no consiste en ser propietario de una vivienda; más bien significa tener la garantía de que las personas pueden acceder a una vivienda, sea esta propia, alquilada o en anticrético. En el periodo de confinamiento muchas personas que residían en alquiler eran vulnerables a sufrir desalojos por la falta de pago; la falta de una vivienda incrementa la posibilidad de contagio de la población por el mayor número de personas sin un lugar estable donde aislarse.

Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: Los servicios básicos, agua, alcantarillado, electricidad, gas e incluso acceso a internet, brindan mayor seguridad a la población dentro de sus viviendas; permanecer en un lugar sin estos servicios reduce el nivel de vida de la población y la falta de acceso a agua dificulta el lavado de manos y la higiene correcta para prevenir el contagio de COVID-19. La falta de acceso a electricidad e internet reduce la disponibilidad a información sobre medidas sanitarias y de seguridad básicas e imposibilita trabajar en casa.

Asequibilidad: La crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 también se traduce en una crisis económica, donde muchas personas perdieron sus empleos incrementando la informalidad donde la falta de ingresos pone en riesgo el equilibrio entre ingresos y gastos dentro del hogar afectando el pago de alquiler o hipoteca.

Habitabilidad: Existe evidencia creciente que apunta a que el coronavirus se transmite más fácil en espacios cerrados, con alto nivel de hacinamiento y mal ventilados (Morawska, 2020). Esta crisis sanitaria descubre el alto nivel de hacinamiento dentro de las viviendas, permanecer dentro de la vivienda por varios días consecutivos implica contar con los ambientes necesarios y exclusivos para las diferentes actividades, dormir, comer, cocinar, asearse y hacer ejercicio, sin embargo, muchas personas no cuentan con estos ambientes, afectando la salud mental y emocional de los habitantes provocando incluso casos de violencia intrafamiliar.

Accesibilidad: El acceso a una vivienda adecuada debe darse para todos los grupos vulnerables, y en el contexto de la pandemia debe considerarse la mayor vulnerabilidad de los adultos mayores, ya que en este grupo etario es en el que se presenta la mayor tasa de mortalidad por COVID-19. Además, se debe garantizar el acceso a una vivienda adecuada de los casos positivos de portar el coronavirus, garantizando también su correcto aislamiento para evitar contagios, respetando sus derechos y velando por su salud.

Ubicación: La ubicación de la vivienda también cobra mayor relevancia, ante la crisis de COVID-19; Viviendas que están lejos de los hospitales, farmacias, abasto de alimentos son más vulnerables a la propagación del virus si alguien se infecta. Las restricciones de circulación pusieron en evidencia la importancia de la cercanía de servicios como los centros de abasto, farmacias, hospitales. Asimismo, la cercanía a espacios de esparcimiento, así a áreas verdes como plazas, parques y ambientes deportivos y de esparcimiento disminuyen el estrés ocasionado por el confinamiento y distanciamiento físico.

Adecuación cultural: Por otro lado, se debe velar por que las medidas que se tomen para salir de la crisis sanitaria no vayan en contra de las expresiones culturales de la población; se deba armonizar las expresiones culturales con el cuidado de la salud y la prevención del coronavirus, así surgirán nuevas expresiones que se adapten a los requisitos para mantener la salud de la población.

Gobernanza: Es fundamental que la población participe activamente en las decisiones que se realicen para afrontar la crisis sanitaria; las medidas de prevención no deben reducir las ibertades democráticas de la población en el tema de vivienda, ninguna decisión debe ser impuesta y debe existir un dialogo constante entre autoridades y ciudadanía para garantizar el acceso a una vivienda adecuada para toda la población.

Bajo este contexto, en el marco de la pandemia, existen dos grupos a los que se debe poner mayor atención. El primero, son los que no cuentan con una vivienda adecuada, es decir las que residen en asentamientos informales y en condiciones precarias. En segundo lugar, se encuentran las familias que se encuentran en riesgo de perder su vivienda por dificultades económicas, producto, entre otros aspectos, por la pérdida de empleo y que podrían resultar en desalojos por hipotecas y alquileres (Farha, 2020).

Además, las personas que viven en viviendas inadecuadas con condiciones de hacinamiento, sin acceso al agua y al saneamiento, y otros servicios básicos los hace particularmente vulnerables a contraer el virus.

6.2. POLÍTICAS DURANTE LA PANDEMIA PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ

La pandemia COVID–19 ha revalorizado el papel de la vivienda adecuada como solución para hacer frente ante cualquier emergencia al ser el núcleo fundamental de los procesos sociales, económicos y urbanos dada su multidimensionalidad donde las ciudades y las viviendas deben estar pensadas para las personas. Sin duda, los instrumentos propuestos por la ONU como la Nueva Agenda Urbana, así como los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecen desafíos para los países y las ciudades en lo que se refiere a su implementación.

La propagación de COVID-19 está exacerbando una crisis de vivienda global preexistente. Es por ello por lo que organismos internacionales recomendaron acciones inmediatas a corto plazo que deberían centrarse en contener la propagación de la pandemia, así como intervenciones a largo plazo que deberían incluir una revisión de los enfoques actuales de la gobernanza de la vivienda y la tierra.

Las acciones a corto plazo vienen determinadas en medidas como:

• Moratorias de desalojos debido a atrasos en alquileres e hipotecas.
• Aplazamientos de pagos de hipotecas para los afectados por el virus.
• Mayor acceso a saneamiento y servicios básicos.
• Refugios de emergencia para personas sin hogar y en situación de vulnerabilidad.
• Proporcionar viviendas de emergencia con servicios para aquellos afectados por el virus y que deben guardar cuarentena.
• Contención psicológica a los hogares para evitar el estrés por la cuarentena y evitar la violencia intrafamiliar.

• Facilitar el acceso a alimentos y servicios de salud, entre algunos, para limitar la circulación de las personas.

Respecto a las personas que enfrentan pérdida de trabajo y dificultades económicas, los Estados deben: proporcionar asistencia financiera directa o diferir los pagos de alquiler e hipoteca; promulgar una moratoria sobre los desalojos por mora; introducir medidas de estabilización o reducción de alquileres, al menos durante la pandemia.

En este sentido, en Bolivia y en el municipio de La Paz, en particular, se aplicaron todas las medidas recomendadas por organismos internacionales, además de fortalecer la cohesión y sensibilización social de su población, los cuales coadyuvaron en la contención de la pandemia, garantizando el derecho humano de la vivienda, las cuales son explicadas en la tabla N° 6.1 y que están relacionadas a los elementos de la vivienda adecuada.

6.3. PROPUESTAS PARA LA VIVIENDA ADECUADA POSPANDEMIA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ

Pasada la emergencia sanitaria es necesario que los gobiernos visualicen a la vivienda como el gran acelerador de procesos, atendiendo el rezago habitacional de todos los segmentos de la población, en especial los más vulnerables, para combatir la desigualdad social y urbana y crear ciudades eficientes, inclusivas y competitivas donde la vivienda se convierte en un multiplicador de oportunidades para los hogares.

La pandemia incrementó la brecha de la segregación socio espacial en las urbes, por lo que es necesario pensar en la ciudad de la proximidad donde cada persona en su barrio tenga acceso cercano a las funciones básicas de la ciudad; habitar, trabajar, aprovisionarse, cuidarse, aprender, descansar, o tener el derecho al esparcimiento.

Hacia futuro, es importante abrir el diálogo multisectorial y con los diferentes niveles del Estado donde se incorpore políticas que velen la necesidad de una vivienda adecuada. De esta manera, las acciones de mediano y largo plazo deben tomar en cuenta los aspectos identificados en el diagnóstico sobre los elementos de la vivienda adecuada y la necesidad de vivienda. En este sentido, a nivel municipal y a nivel nacional, el año 2020, se presentaron planes de política de vivienda, los cuales establecen las directrices para asumir en un mediano y largo plazo. Éstos enfatizan la importancia de los esfuerzos conjuntos en todos los niveles de gobierno para promover una vivienda adecuada. La implementación de estos lineamientos permitirá que las viviendas en el municipio de La Paz protejan la salud física y emocional de sus habitantes, contribuyendo, en particular, al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Nueva Agenda Urbana.

6.3.1. PROPUESTAS MUNICIPALES PARA LA VIVIENDA ADECUADA POSPANDEMIA

El año 2020, la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo del GAMLP presentó la Política Municipal de Vivienda y Hábitat (PMVH) la cual busca consolidar una nueva visión de la vivienda en el municipio de La Paz, situándola en el centro del desarrollo urbano, con políticas de corto, mediano y largo plazo.

La PMVH “tiene como fin establecer los lineamientos fundamentales de planificación y ordenamiento del territorio, con el objetivo de que el Municipio de La Paz, asuma el rol que le corresponde en la promoción y gestión sustentable de la vivienda y el hábitat en sus diferentes estratos74”.

Desde luego que un plan de estas características no es ajeno a los elementos de la vivienda adecuada; aunque no de forma explícita, la PMVH cuida los ocho elementos desarrollados en este libro. Concretamente el PMVH basa su política en cinco componentes: Institucional, sociocultural, territorial, ambiental y económico, y a la vez estos constan de varias estrategias y programas/proyectos que serán el vehículo para alcanzar las metas propuestas.

Son justamente los programas y proyectos en los que se puede evidenciar de forma más clara su relación con la vivienda adecuada como se observa en la tabla N° 6.2:

Como se puede observar, la PMVH y la vivienda adecuada se encuentran en una relación directa, donde se aborda de manera integral y multisectorial a la vivienda y al hábitat. La vivienda adecuada es actualmente uno de los ejes en la visión de desarrollo de las ciudades, y lo es también para el municipio de La Paz, reflejándose en el Plan Integral “La Paz 2040: La Paz que Queremos”, en la Política Municipal de Vivienda y Hábitat y en la vivienda adecuada y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el municipio de La Paz, donde sus proyectos coadyuvarán a mejorar las condiciones de la vivienda, especialmente de los grupos más vulnerables.

6.3.2. PROPUESTAS NACIONALES PARA LA VIVIENDA ADECUADA POSPANDEMIA

Por otro lado, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV), el año 2020, propuso la Política de Vivienda (PV) que “se constituye en el instrumento estratégico de gestión que define los lineamientos de actuación en el sector de vivienda, tanto en el ámbito público como en el privado y social, así como los programas y proyectos a ser implementados en el corto y mediano plazo con la finalidad de dar cumplimiento al ejercicio del derecho al hábitat y a la vivienda adecuada establecido en la CPE; y responder eficazmente al déficit cualitativo y cuantitativo que afecta con mayor fuerza a los hogares en situación de vulnerabilidad socio-económica y con mayor énfasis en el ámbito urbano” (MOPSV, 2020; p. 8). La PV abordó los siete elementos característicos de la vivienda adecuada además de la gobernanza e institucionalidad. En este sentido, el objetivo de la PV es “lograr que al año 2036 Bolivia ofrezca las condiciones legales, técnicas, económicas y sociales que garanticen el ejercicio del derecho a una vivienda adecuada para las bolivianas y los bolivianos en el ámbito urbano y rural, con énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad socioeconómica y consolidando asentamientos humanos inclusivos, resilientes y sostenibles” (MOPSV, 2020: p. 32).

Asimismo, la PV proyecta construir 76.535 soluciones habitacionales en toda Bolivia para el quinquenio 2021 - 2025, con el objetivo de contribuir a la reducción del déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, en procura de satisfacer las necesidades de la población más vulnerable. De esta manera, se priorizó 32 municipios para que los planes y proyectos de vivienda sean ubicados en estas áreas; 7,5% corresponden al municipio de La Paz.

6.3.3. VINCULACIÓN DE LAS PROPUESTAS MUNICIPALES Y NACIONALES PARA LA VIVIENDA ADECUADA POSPANDEMIA

Por otro lado, en la figura N° 6.1 se aprecia como convergen la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana con los planes propuestos por el GAMLP con su Política Municipal de Vivienda y Hábitat y su Plan Integral “La Paz 2040: La Paz que Queremos” y con los planes nacionales a través del Plan de Vivienda, la Agenda Patriótica 2025 y la Política de Ciudades75, para garantizar de manera integral y articulada el derecho a la vivienda adecuada en el municipio de La Paz.