El habitar define el hecho de ocupar o vivir habitualmente en un lugar determinado, organizándolo y usándolo en función de las necesidades de la persona o de un grupo humano. El habitar comprende elementos fundamentales, tales como el cuidado, el amparo, el arraigo y el encuentro.
Un hábitat se define como aquel conjunto de factores físicos y geográficos, que se encuentra ocupado por un individuo o una población, en el que se crean condiciones adecuadas que establecen respuestas a las necesidades desarrollando procesos individuales y colectivos, requeridos para realizar la vida productiva, laboral y doméstica, donde se estructuran diferentes sistemas de organización y formalización cultural, institucional, económica y social.
Un asentamiento humano es el establecimiento de personas con un patrón de relación de convivencia común en un área determinada. Los asentamientos humanos pueden ser clasificados como: urbanos cuando existe concentración de edificaciones que estructuran conjuntos con especificidades propias que requieren de un esquema para ordenarse o rurales cuando son comunidades que se adaptan mejor al tipo de actividad productiva primaria, presentando muy poca o ninguna concentración de edificaciones .
Los asentamientos informales son áreas ocupadas por habitantes que no ostentan derecho de tenencia sobre las tierras o viviendas en las que habitan, estos asentamientos suelen carecer de servicios básicos e infraestructura urbana y las viviendas podrían no cumplir con las regulaciones edilicias y/o de planificación; por lo que suelen estar ubicadas geográfica y ambientalmente en áreas de alta vulnerabilidad.
En la dimensión física del hábitat, la vivienda es su componente principal, que no debe ser entendida solo como el espacio físico delimitado por muros y techos, sino también como el continuo acto de construir y habitar estableciendo vínculos estrechos, entre los lugares y las personas, como un bien de uso sin fines de lucro. La vivienda puede ser entendida como el fruto cultural dentro de un contexto social, como el objeto dentro de un contexto físico, como el proceso dentro de un contexto temporal, o como el sistema dentro de una estructura urbana.
Se entiende la accesibilidad a la vivienda como la posibilidad de las personas o grupos sociales de contar con los recursos adecuados para conseguir una vivienda, siendo el Estado el que debe asumir las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de este derecho.
Es el derecho a habitar un espacio que satisfaga las condiciones mínimas de vida y convivencia de una persona y/o grupo social, sean cuales fueren sus ingresos o acceso a recursos económicos. El derecho a la vivienda debe ir acompañado del derecho a la ciudad y al hábitat. “El futuro medioambiental de nuestro planeta está ligado, entre otros, a la gestión de nuestras ciudades que sin un desarrollo urbano ordenado, sostenible y adecuadamente gestionado por los poderes públicos no será posible facilitar a las familias e individuos el acceso a una vivienda adecuada en condiciones dignas” .
Una vivienda digna tiene relación directa con una propiedad donde sus habitantes pueden habitar de manera segura, placentera y disfrutar en familia. Una vivienda digna debe servir como un lugar que protege a los habitantes, accede a servicios y redes básicas, está bien conectada a los servicios sociales y tiene los espacios físicos adecuados a la cantidad de habitantes.
Es aquella vivienda espaciosa, edificada con materiales de construcción de alta calidad, con acceso a todos los servicios y que por su costo no entra en el rango admisible para acceder a un crédito de vivienda social para su financiamiento.
Es el tipo de vivienda destinado a atender y resolver problemas habitacionales. La Ley de Servicios Financieros define a la vivienda social como aquella única vivienda que cumple un rol social de acoger a los hogares sin fines comerciales.
Es el derecho a la vivienda destinada a los hogares de bajos ingresos y en condiciones de vulnerabilidad. Este tipo de viviendas se caracteriza por soluciones unitarias de superficie reducida .
Establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, reconoce el derecho a una vivienda adecuada y la mejora de los asentamientos precarios como elementos fundamentales para una urbanización inclusiva y sostenible.
En el ODS 11 y su meta 11.1 declara que se buscará: “De aquí al 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales”
Formula compromisos de transformación mediante un cambio de paradigma urbano basado en las dimensiones integradas del desarrollo sostenible:
Dimensión social: Respaldar el derecho a la vivienda.
Dimensión económica: Promover viviendas asequibles y
sostenibles.
Dimensión ambiental: Promover el uso sostenible de la
tierra.
Otros instrumentos normativos:
Plan Integral “La Paz 2040: La Paz que Queremos” El texto aprobado mediante Ley Municipal Autonómica Nº 68 de fecha 4 de abril de 2014.
Es un instrumento de planificación municipal de largo plazo, en el marco de sus 6 ejes estratégicos plantea:
EJE 3. LA PAZ VIVA, DINÁMICA Y ORDENADA
SUB EJE. VIVIENDA Y HÁBITAT
Promueve la producción de vivienda de interés social y la
habilitación de suelo con equipamiento e infraestructura
de cobertura total y adecuada considerando la seguridad
física y territorial.
Política: “Vivienda Segura”
Programas:
Plan Territorial de Desarrollo Integral “PTDI GAMLP 2016-2020” Aprobado mediante Ley Municipal Autonómica Nº 229 de fecha 10 de marzo de 2017.
Busca alcanzar la visión estratégica del Plan Integral “La Paz 2040: La Paz que queremos” y constituye su programación quinquenal (Aprobado ajuste del PTDI mediante LMA N° 388/2019).
El mandato constitucional define como competencia exclusiva del nivel central del Estado las políticas generales de vivienda y los asentamientos humanos rurales, mediante la formulación y aprobación de políticas generales del hábitat y la vivienda.
Los municipios tienen como competencia exclusiva el desarrollo urbano y los asentamientos humanos urbanos a través del diseño, aprobación y ejecución del régimen de desarrollo urbano y la formulación de políticas de asentamientos urbanos en su jurisdicción.
Los municipios, conjuntamente con el nivel central del Estado, concurren en la formulación de políticas de financiamiento de vivienda y ejecución de programas de construcción de viviendas.
Sin ser obligatorios, los lineamientos internacionales implican para cada Estado la responsabilidad y monitoreo de los avances logrados a nivel nacional, respecto al contexto regional y mundial, a fin de evaluar su cumplimiento
Periodo Liberal (1900-1920)
A la decadencia de la minería de la plata luego de la Guerra del Pacífico, surgió la hegemonía económica del estaño
que empoderó a los grandes mineros y
políticos que, a partir de la Revolución
Federal, asumieron la conducción del
Estado. En este periodo se consolida a
La Paz como Sede de Gobierno y principal motor económico del país.
Periodo Republicano (1920-1935)
Se afianza el Súper Estado Minero, surgen las primeras manifestaciones de
modernización del país y la clase media
urbana. Esta modernización es frenada
por el conflicto bélico con el Paraguay,
proceso que reveló las debilidades sociales, culturales, políticas y económicas del país.
Surgimiento del nacionalismo (1935-1952)
Concluida la derrota en la contienda del
Chaco surge el pensamiento nacionalista y de izquierda, que proclaman la refundación del país a través de reformas
sociales y económicas. Es el tiempo del
crecimiento de las ciudades del Occidente del país, en correspondencia con
el apogeo del estaño, cuyos beneficios
llegan a un reducido número de familias con gran poder económico.
Los procesos de desarrollo urbano para la consolidación del Municipio de La Paz fueron primordialmente marcados por eventos político sociales que establecieron una estructura urbana confusa y abigarrada en ciertos sectores y periodos. Es pertinente recalcar que muchos de estos eventos fueron necesarios para conformar una estructura social más justa y con una apertura a la multiculturalidad del país.
La Revolución Nacional (1952-1964)
Periodo de refundación y transformación del país a partir
de la inclusión social de las mayorías indígenas y la construcción de una sólida base económica cimentada en la
Nacionalización de las Minas, la Reforma Agraria, la integración de la región oriental del país y su fortalecimiento
industrial, recuperando sus recursos naturales para un
crecimiento sostenido. Se considera la primera reforma
urbana y el surgimiento del primer plan regulador en Santa Cruz.
Dictaduras militares (1964-1982)
Etapa caracterizada por gobiernos dictatoriales y de facto,
siendo uno de los periodos de mayor inestabilidad política
e institucional, marcados por la violencia y terrorismo de Estado en el decenio 1970-1980 e interrumpidos por breves
gestiones democráticas e intentos de participación social en
la conducción del país. Es también el periodo de desarrollo
de las ciudades del eje central (La Paz, Cochabamba y Santa
Cruz) y su primera explosión demográfica.
Los procesos de desarrollo urbano para la consolidación del Municipio de La Paz fueron primordialmente marcados por eventos político sociales que establecieron una estructura urbana confusa y abigarrada en ciertos sectores y periodos. Es pertinente recalcar que muchos de estos eventos fueron necesarios para conformar una estructura social más justa y con una apertura a la multiculturalidad del país.
Reapertura democrática y neoliberalismo
(1982-2005)
El retorno a la democracia se ve acompañado por
una profunda crisis económica, encarada a partir de
la aplicación de medidas de corte neoliberal, contrapuestas a las políticas estatizadoras de la Revolución
de 1952. Con la recuperación de la economía pese al
costo social, se afianza el Estado neoliberal con políticas privatizadoras, a la vez que se inicia hacia la descentralización administrativa del Estado con la Participación Popular.
Socialismo del Siglo XXI (2006-2019)
El reconocimiento e inclusión de la diversidad cultural y étnica del país se plasma en el carácter plurinacional que se
da al Estado a partir de la nueva Constitución de 2009. Este
periodo se caracteriza por una bonanza económica, nunca
antes alcanzada debido a la mejora del mercado internacional de las materias primas, lo que permitió crear infraestructura pública y subvenciones sociales. Sin embargo, el control
absoluto del poder y los abusos cometidos, desgastaron a un
gobierno que detentó funciones de manera ininterrumpida
durante más de trece años, hasta su caída a finales de 2019.