El diagnóstico de la problemática habitacional en La Paz permite concluir que las propuestas orientadas a revertir los conflictos existentes no pueden ser abordadas desde un enfoque individual y/o sectorial. La naturaleza compleja de los factores macroeconómicos, socioculturales y políticos que han moldeado los diferentes procesos urbanos con que se ha consolidado La Paz, exige una visión integral que considere la idiosincrasia y valores de los actores que cotidianamente participan de su construcción.
Con el fin de abordar la problemática de forma integral, se plantea la Política Municipal de Vivienda y Hábitat en torno a cinco componentes: Institucional, Sociocultural, Territorial, Ambiental y Económico, proponiendo desde una visión holística soluciones contenidas en ejes transversales y multidisciplinarios, fundamentados y articulados en un horizonte de largo plazo. Si bien estos componentes pueden vincularse a temáticas específicas, la interrelación entre las soluciones propuestas permite fortalecer la gestión de buenas prácticas de vivienda y hábitat de forma integral.
Una ciudad debe recuperar y potenciar su vida propia y la de sus habitantes, mientras favorece la regeneración y el respeto de su entorno natural, así como la cohesión social, la educación para la paz y la integración cultural, sin afectar, modificar o alterar el goce, uso y disfrute de las futuras generaciones. El enfoque de ciudad sostenible debe trabajarse a partir de siete conceptos bá- sicos: fomento de espacios públicos, urbanismo compacto, transitabilidad de los ciudadanos, calidad del aire, espacios naturales, energías alternativas y reducción de residuos.
Se identifica seis lineamientos fundamentales en el marco del derecho a la vivienda y a un hábitat dignos, los cuales se conceptualizan de forma transversal en los diferentes componentes de la PMVH. Planteándose una visión integral y holística respecto a los factores que tienen presencia en la gestión urbana territorial.
El enfoque debe ser propositivo en un marco colaborativo, de tal forma que exista una sistematización de estímulos ofrecidos a personas naturales, promotor, constructor, empresas o un sector específico que permita incrementar la producción de vivienda social.
Los beneficios deberán estar dirigidos principalmente a constructoras e inmobiliarias que ejecuten proyectos de viviendas de interés social con precios de venta accesibles, de forma que sean proyectos prioritarios y se gestionen los mecanismos para fomentar la viabilidad de la edificación de estos.
Se plantea el derecho a una vida digna, incluido el derecho a una vivienda, como un derecho humano básico y de carácter individual. Sin embargo, es pertinente también resaltar el concepto de derecho a la ciudad, que se extiende respecto al derecho a la reflexión, hacia un derecho colectivo y el bien común. En este sentido, el derecho a la ciudad, entendida como “el escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva”, puede definirse como el derecho de todos y todas a disfrutar de un entorno seguro que favorezca el progreso personal, la cohesión social y la identidad cultural
La habitabilidad como meta de bienestar en el hábitat, involucra, además del hecho físico de la vivienda, el ambiente sociocultural y el entorno, por lo tanto se tiene que enfatizar la garantía de vida digna, que no está condicionada únicamente por factores inherentes a la vivienda, su entorno o la ciudad, sino por las externalidades ambientales, económicas, políticas, sociales, culturales y tecnológicas que atan las ciudades que la conforman entre sí y la propia metrópoli con el resto del país y los procesos globales
Provisión de servicios profesionales o especializados que sirven de apoyo para las organizaciones sociales que carecen de dichas capacidades en alianza con el Gobierno Municipal que permita a las familias desarrollar estrategias técnicas adecuadas para mejorar sus viviendas a través de la sumatoria de capacidades que impulsen el desarrollo humano y valores comunitarios.
Intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones respecto al manejo de recursos, programas y actividades que impactan en el desarrollo de la comunidad, respondiendo positivamente a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades
La colaboración público-privada hace referencia a las diferentes formas de cooperación entre las autoridades públicas y el sector empresarial, con el objetivo de garantizar la financiación, construcción, renovación, gestión o el mantenimiento de una infraestructura o la prestación de un servicio público, compartiendo riesgos.
Una intervención a través de la colaboración público-privada puede reducir costos para conseguir una mayor eficiencia, prestar servicios públicos de mayor calidad, mejorar en--> innovación tecnológica, aprovechar los conocimientos y experiencia del sector privado y lograr una mayor flexibilidad en la gestión.